Recetas europeas para crear empleo y desarrollo social en 2012: Un consentido cumplimiento a medias, que impide la recuperación y acentúa los atrasos sociales.

Una atención parcial a las medidas de la estrategia Europea 2020 convierte flexibilidad del mercado de trabajo en precariedad laboral.

La estrategia Europa 2020 tiene como telón de fondo tres prioridades que suenan muy bien: propiciar un crecimiento basado en la educación y la innovación; sostenible, basado en una economía baja en carbono; e inclusivo, que cree empleo y reduzca la pobreza.

Para llevar a cabo estas prioridades, y cumplir los objetivos  concretos que contempla la propia Estrategia 2020, la Comisión hace determinadas recomendaciones a cada país. En el caso de España, una lectura simple de estas recomendaciones parece diluir los objetivos originales de estas prioridades y se centra en medidas que incluso parecen contradictorias con los objetivos mencionados: consolidación fiscal —contrayendo la economía—, reduciendo gasto público a todos los niveles —con las recientes nefatas consecuencias sobre el empleo público y la pérdida de servicios sociales básicos—,  incrementar la edad de jubilación —impidiendo el acceso a nuevos entrantes— , incrementar el IVA —afectando fiscalmente al consumo de todas las economías familiares—, o recuperar al sector financiero a toda costa —sin tener en cuenta los lucrosos beneficios y derroches que se habían hecho los años anteriores en este sector—, por ejemplo. Unas medidas que tenemos muy presentes porqué son de rabiosa actualidad y se están llevando a cabo con intensidad.

Aun así, hay que decir que también se mencionan otras medidas que, desgraciadamente, no parecen haber estado situadas al mismo nivel de prioridad: acceso del crédito por parte de las PIME, innovación, planes de empleo juveniles, mejora de la formación profesional y formación a lo largo de la vida, mejorar la ocupabilidad de los colectivos vulnerables, protección de la infancia ante la pobreza o desarrollo de tasas ambientales para gravar menos el empleo.

Así, todo indica que lo que no son medidas apoyo a los poderes financieros, políticas de recorte y contención de servicios públicos, o medidas de precarización laboral no merecen la misma atención. Y la realidad del mercado de trabajo es un buen ejemplo.

Se viene diciendo que la “flexiseguridad” es el concepto europeo que garantiza un marco de relaciones laborales necesario para adaptarse a las exigencias de nueva realidad económica. Y en base a este concepto que se adoptan buena parte de las  medidas. Pero según los propios organismos europeos, la —en España malentendida— flexiseguridad está compuesta por cuatro pilares, además de la contratación flexible: Un potente sistema de formación permanente  a lo largo de la vida,  unos marcos de contratación fiables, unos modernos sistemas de protección y Seguridad Social, y una buenas políticas activas de mercado de trabajo. Lo que está haciendo nuestro país, de apostar por una elevada flexibilidad contractual y ningunear la negociación colectiva, mientras se reducen las políticas activas en más de la mitad no es flexiseguridad; es simplemente precarización del mercado de trabajo.

En relación al empleo estamos viviendo una cruda realidad que no parece tener atisbos de solución, y en lugar de un impulso por las políticas activas de empleo, estrategias económicas generadoras de empleo, una apuesta por la educación y la cualificación, o una lucha contra las desigualdades sociales y el paro estructural; lo que estamos viviendo es una precarización creciente en los servicios de empleo y ausencia de una estrategia de gran calado, que es a todas luces necesaria.

El Gobierno puede decir que apuesta por las políticas activas, pero una reducción de presupuesto de más del 50% no parece que vaya en la línea. Puede decir que apuesta por los ‘contratos formación’ de calidad, pero el actual descontrol en su seguimiento y ejecución son un síntoma evidente de que no es verdad. Puede decir que apuesta por la cualificación, pero la falta de sistemas de información que permitan su reconocimiento  individual —como alegremente preveía la reforma laboral—, que permitan su uso en los servicios ºde orientación  o que las actualicen a las necesidades del mercado de trabajo, ponen de relieve que estamos muy lejos todavía. De hecho el reciente informe europeo que se tratará a continuación pone de manifestó los déficits que hay en proporcionar a los jóvenes información las futuras necesidades y cualificaciones del mercado de trabajo.

Aunque algunas de las recomendaciones Europeas son cuestionables por sus malos resultados sobre el empleo —como se verá posteriormente la propia Europa lo advierte en algunos casos—, la implementación parcial exclusiva de las que tienen una componente perjudicial para  los trabajadores/as, acentúa todavía más el carácter precarizador de las medidas.

Europa nos retrata en un estado crítico, pero no impide una lectura parcial de las medidas que está llevando a la agonía social; tolera el doble discurso.

Como diagnóstico de la realidad sobre del empleo y el desarrollo social (conceptos estrechamente ligados) a nivel europeo hay una publicación anual de gran interés, y que es muy recomendable: Employment and Social Developments in Europe (2012). A continuación se proporcionan algunos elementos tratados en esta publicación –tanto de diagnóstico como propositivos—  por si pueden servir para “alzar el periscopio” y ver que, o viramos el rumbo, o nuestro horizonte más inmediato resultará aún más nefasto para muchas familias.

El análisis se realiza sólo sobre algunos elementos destacados. Hay elementos como posponer la edad de jubilación, la recomposición de las pensiones, la evolución salarial, la movilidad y diversos análisis sociales que no se han tratado; priorizando otros de carácter laboral.

Entre las constataciones de este estudio se pone de relieve que la situación social se está deteriorando especialmente en el Sur de Europa, donde los mecanismos para garantizar una mínima estabilidad —como los subsidios de desempleo— están debilitando ya su efecto. Hay que destacar que España es el país europeo que más ha incrementado el índice paro desde 2008 y el tercero donde la tasa de empleo se ha reducido más.

Y el empleo se está precarizando. Como dato es preocupante observar que España es el país con más empleo temporal entre las mujeres, el segundo teniendo en cuenta solo los hombres, y el tercero teniendo en cuenta a los jóvenes entre 15 y 24 años. De hecho, la probabilidad de encontrar un empleo con contrato indefinido para personas con una año de paro es de alrededor del 5%.

Como consecuencia de esta deterioración, una constatación reiterada es que se está polarizando de forma importante el mercado de trabajo y la sociedad, conllevando un importante aumento tanto en el desempleo estructural como en la exclusión social a largo plazo —España, junto con Eslovaquia, lidera los niveles de desempleo estructural con cerca de un 10% de la población activa—. Y en relación a los jóvenes pone de relieve que muchos de ellos no tienen ninguna esperanza estadística de entrar en el mercado de trabajo.  De hecho el informe retrata a España como un país con elevados índices de población entrando en  situación de pobreza y con muy pocas posibilidades de salir de ella. España ha sido, después de Grecia, el país donde entre el 2009 y el 2011 se ha dado la reducción más significativa en términos de ingresos familiares; y es el país, después de Rumania, donde la pobreza de las personas que están trabajando ha aumentado de forma más importante entre 2006 y 2011.

Un elemento puntual pero también recurrente es el apunte, por parte del Informe, de que el fomento y apoyo de los servicios de atención y cuidado de niños tiene consecuencias favorables para el empleo, tanto por los puestos de trabajo que se crean como por el empleo potencial que puedan combinar este apoyo con una actividad laboral. Sobre este tema manifiesta que no se dan los avances que se debería; y se apunta por la tendencia justamente contraria en España.

Otro elemento que vuelve a aparecer —y al que hemos dedicado atención en greenjobs.cat por su perspectiva ambiental— es la cuestión de trasladar los costes laborales del empleo a las tasas ambientales, a determinados consumos, o a la propiedad. En este caso propone que esta reorientación impositiva debe ser significativa para evitar costes laborales de colectivos vulnerables; y que al mismo tiempo se debe diseñar con rigor para evitar consecuencias sociales y redistributivas negativas.

El desajuste entre las necesidades del mercado de trabajo y las cualificaciones es ya también desgraciadamente un clásico. Esta cuestión de desencaje tanto vertical (sobrecualificaciones y subocupación) como horizontal lo atribuye, entre otras razones, al menor gasto público en educación, formación y programas de empleo. Una relación que causal que con toda seguridad seguirá haciendo mella dados los recortes en estas políticas.

El propio informe reconoce que Europa no ha estado atenta a afrontar estas tendencias tanto como lo ha estado a sanear la economía financiera; y este doble discurso es peligroso. Aun así, los/as autores del Informe creen que esta situación va a variar y concretamente depositan expectativas en el reciente paquete de medidas para el empleo (abril 2012), en el paquete para el empleo joven (diciembre 2012) y en el futro paquete de medidas de Inversión Social.

El Informe relata algunas medidas para avanzar en la lucha contra el desempleo y la desigualdad social.

El informe plantea algunas políticas para afrontar esta realidad y propone el siguiente esquema de medidas y áreas de atención, sobre algunas de la cuales se hace algún comentario:

1.- Mantener el crecimiento y el empleo sin incrementar déficit. En este sentido desarrolla el incremento de salarios mínimos; una reorientación fiscal que traslade las imputaciones laborales a otras bases imponibles como ciertos consumos, la fiscalidad ambiental o la propiedad, entre otros; un gasto social efectivo y eficiente; y una reforma de las pensiones.

Sobre los salarios mínimos expone que ayudan a sostener la demanda agregada, que estabilizan los precios ante una eventual deflación y que son un incentivo para la activación laboral. Por el contrario advierte del riesgo que salarios mínimos elevados aparten del mercado trabajadores/as sin cualificación y afecten la competitividad internacional.

Sobre la reorientación fiscal advierte del peligro de que incrementar las tasas al consumo puede perjudicar a sectores vulnerables que no vean impactos positivos por la reducción fiscal laboral. Sobre la fiscalidad ambiental pone de relieve su interés para el empleo pero advierte que puede tener consecuencias sociales negativas si afecta bienes de consumo esencial. Sobre las tasas a la propiedad, presenta el trato fiscal favorable a las inversiones en la vivienda como una solución potencial para aumentar los ingresos. En este sentido expone que diversas  experiencias europeas muestran sus buenos resultados.

Entre otras bases menciona también la lucha contra la evasión fiscal y un buen diseño de impuestos sobre la renta.

En relación al gasto social efectivo pone como ejemplo empírico que diferentes países, con los mismos recursos destinados, tienen mucho mejores resultados sociales y económicos, con lo cual entienden que hay recorrido de mejora. En este sentido menciona que en algunos casos los recursos están muy centrados en las personas mayores o que los subsidios de desempleo deberían cubrir sobre todo a los más vulnerables. Atribuye la falta de eficiencia de los subsidios de desempleo  en países como España a la dualidad del mercado de trabajo, donde los más vulnerables carecen de prestaciones adecuadas. Estos pueden tener un efecto pinza entre la falta de subsidios de desempleo y de pensiones que los lleven a la desprotección total.

Otro elemento que plantea es revisar la mezcla entre los subsidios en efectivo y en especies. Así, propone que la atención de niños es mucho más rentable en términos de empleo que ofrecer una cantidad dineraria incondicionada. También comenta que ofrecer vivienda es más eficiente socialmente que ofrecer dinero con esta finalidad (que según la Comisión fomenta los guetos).

2- Mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo. En este conjunto de medidas desarrolla 4 puntos, que deben tenerse en cuenta, especialmente para los jóvenes: combatir la segmentación laboral, luchar contra el desempleo de larga duración, evitar el desajuste entre necesidades formativas y la oferta formativa, y aprovechar las oportunidades de la movilidad. También desarrolla el hecho de ampliar la vida laboral en sus extremos.

Sobre la segmentación la atribuye al hecho de que una importante cantidad de personas que realizan trabajos temporales tengan pocas opciones para acceder a un empleo estable. Y pone como ejemplo a España, junto con Portugal.  Esto lleva a situaciones en que los trabajadores/as quedan “atrapados”; atrapados en salarios insuficientes y en jornadas a tiempo parcial.

En cuanto al desajuste habla del desajuste vertical, y pone como ejemplo de nuevo a España por la elevada cantidad de jóvenes cualificados que aceptan cualquier trabajo. Un elemento interesante es que se demuestra que los países con mayor formación en las empresas —a través de aprendizajes— (Alemania, Dinamarca, Holanda y Austria) tienen muchos mejores resultados de inserción laboral.  Cuando estos aprendizajes son de formación profesional el problema es que entonces quedan un tanto limitados en relación al sector de búsqueda de empleo, pero en este punto destaca la importancia de dotar de competencias genéricas a este tipo de formación así como la disponibilidad de formación a lo largo de la vida como servicio permanente. De hecho en el capítulo que dedica a la adaptación de la formación al mercado de trabajo pone de relieva la creciente importancia de las competencias transversales (comunicación, resolución de problemas, habilidades lingüísticas o analíticas, autonomía, y trabajo en equipo, entre otras); así como de las competencias básicas y actitudinales —‘soft-competences’—, como fundamentales para la nueva economía del conocimiento.

En relación al empleo de larga duración requiere una buena combinación de cobertura de desempleo y asistencia social. En este punto presenta la protección frente al desempleo como fundamental el papel de mecanismo automático de estabilización económica y desarrolla algunos elementos que lo combinan con la participación en las políticas activas y la activación laboral, en definitiva, lo que pretende que el resultado sea incorporarse al mercado de trabajo, ‘make-work-pay’. Otra serie de medidas contra el paro de larga duración es profundizar en la brecha de la detección de necesidades del mercado de trabajo, consiguiendo que la reorientación  profesional a través de formación o prácticas en empresa de determinadas personas las hagan atractivas para el mercado de trabajo.

Como tercera serie de medidas presenta las de movilidad geográfica.

3.- Rectificar las consecuencias sociales de la crisis. En este apartado destaca la exclusión de larga duración, la pobreza infantil,  los inmigrantes y las minorías étnicas y las personas indigentes.

4.- Mejora en los estabilizadores de nivel en la Unión Europea Monetaria para una mejor convergencia. Entre los que cita estabilizadores automáticos,  las prestaciones por desempleo y los ingresos básicos asociados a los niños, entre otros.

En definitiva, aunque hay un profuso estudio y análisis sobre posibles políticas de empleo desde la visión institucional europea, la definición e implementación de las políticas de empleo y de desarrollo social se torna borrosa y contradictoria en España.

Europa pone sobre la mesa unos mandatos que parecen inexcusables para hacer sostenible el modelo de crecimiento y España adopta tan sólo los más perjudiciales para los trabajadores/as y las clases populares, mientras los medios de comunicación se hacen eco de la necesidad de su cumplimiento debido a compromisos en el ámbito internacional y a futuras recompensas financieras. En cambio, España se olvida de desarrollar otras medidas puestas sobre la mesa que podrían compensar los numerosos agravios sociales; Europa lo tolera, y los medios de comunicación se olvidan de denunciar la ausencia de este paquete de medidas.

Partiendo de la base de que pueden haber muchas otras políticas públicas generadoras de empleo y de igualdad social al margen de las propuestas oficiales de Europa, es importante destacar que las que ofrece el propio marco institucional europeo se cumplen parcialmente en España, de una forma irresponsable con la sociedad más vulnerable. Este incumplimiento parcial probablemente sea el que está acentuando una deriva a la dualización del mercado de trabajo y a la pobreza creciente de una parte importante de la sociedad; y, aun así, Europa no pone la misma intensidad en reclamar su cumplimiento como lo pone en cumplir la consolidación fiscal o el rescate financiero; se están ganando a pulso más desconfianza.

España puede reducir sus políticas activas a más de la mitad, e incumplir las previsiones de la reforma laboral que hacen referencia a la orientación, la cualificación o la calidad en la contratación. No pasa nada, lo que merece observación es la flexibilización del despido,  de la negociación colectiva o la reducción del gasto público en su conjunto.

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